Ante el aumento en los casos documentados de COVID-19 en Puerto Rico, la extensión de una cuarentena agresiva y restrictiva ha sido el paso correcto para desacelerar el potencial contagio. No obstante, esta estrategia por sí sola no será suficiente. Las próximas dos semanas serán críticas y es vital que toda la ciudadanía participe activamente de este proceso, sin perder la esperanza, pero con un entendimiento realista. Ante un sistema de salud tan frágil como el nuestro, la ausencia de pruebas suficientes para monitorear a toda la población y un capital humano limitado para hacer rastreos comunitarios a nivel estatal, nos toca a todos unirnos a los esfuerzos para desacelerar el contagio.
Desde la perspectiva de salud pública, es indispensable propiciar a través de todos los municipios y las comunidades el impacto colectivo de los esfuerzos de prevención. Además, se deben considerar acciones concretas adicionales, algunas de las cuales ya están siendo implementadas a nivel comunitario, mas no así a nivel masivo.
Algunas de estas acciones son:
1. Suplementar el trabajo del Estado en los puntos de entrada a la isla, asegurando que cada viajero que regresa entiende y adopta voluntariamente una cuarentena de 14 días, independientemente de su cuadro clínico.
2. Suplementar el trabajo del Estado, llevando a cabo rastreo comunitario. Cada ciudadano puede hacer el ejercicio de documentar y contactar a las personas y lugares con los cuales tuvo contacto. El Instituto Tercera Misión ha desarrollado una herramienta pública de rastreo comunitario, la cual se puede descargar en nuestra página web (www.itmpr.com).
3. Apoyar los esfuerzos de diseminación masiva de los municipios que tienen pruebas disponibles.
4. Habilitar escuelas utilizadas como refugios durante temporada de huracanes como hospitales comunitarios.
5. Activar un “Task Force” Social, según le han solicitado a la gobernadora más de 50 organizaciones comunitarias.
6. Trabajar con la Asociación de Hospitales para maximizar la ventana de oportunidad y preparar al personal médico y de salud de cara al pico de la emergencia.
7. Crear cuerpos voluntarios para apoyar al Departamento de la Familia en el monitoreo de la población mayor y de edad avanzada que actualmente tiene a su cargo (más de 4,000 individuos). Apoyar a los municipios que están ofreciendo servicios de distribución de alimentos para este sector poblacional.
8. Expandir las iniciativas de la empresa privada que componen la cadena alimentaria para proveer espacios seguros a sus empleados y a sus consumidores.
9. Establecer comedores satélites como los que se proveen con fondos del USDA durante los meses del verano, para garantizar la seguridad alimentaria de la niñez y juventud que recibía desayunos y almuerzos a través de los comedores escolares.
Una vez más, las circunstancias excepcionales que vivimos nos presentan una oportunidad de repensar la relación Comunidad-Estado. Esto nos lleva a reflexionar y actuar sobre los cambios necesarios en nuestro sistema para atender más rápido que tarde las inequidades que la pandemia ha sacado a la luz.
